Una discusión interminable; mientras los más débiles pagan las consecuencias.

     No hay dudas que la vida es un valor supremo desde muchos puntos de vista; entre ellos como valor jurídico a proteger. Así por lo menos lo establece nuestra legislación cuando dictamina, desde el Código Civil Argentino, que la misma comienza desde su concepción, a pesar que es requisito fundamental el nacimiento de la criatura para afianzar ese derecho. Es decir, a pesar de ser un ente con vida, aún no es considerado persona. Más datos de esa realidad encontramos dentro de la rama civil en materia de capacidad, derecho hereditario, etc. Como así también desde el punto de vista penal al punir su interrupción. Pero, este tipo de discusiones de carácter jurídico, es tan trillado como la discusión que se basa en el valor desde el punto de vista religioso. Las discusiones sobre la vida, suelen llevar a grandes discusiones que pocas veces encuentra puntos en común, dependiendo de la doctrina en la que cada individuo se enrola. La falta de puntos de vista eclécticos sobre temas tan delicados como éste, es lo que no permite llegar a una postura socialmente concensuada, y jurídicamente expedita a la hora de que, ésta última, deba tomar una determinación adecuada, como en el caso en cuestión, en el que cualquier determinación en un ámbito superior, podría ser tardía. En es especial para la salud de la infortunada joven. Infortunada por el hecho, e infortunada por haberle tocado una jueza que adopta la postura de la pacatería. Claro, total, ni a ella ni a su hija le ha tocado tener que vivir con eso por el resto de sus días. 
     Los países tienden a evolucionar. Cada vez más se ve que nuestra sociedad, hablo de quienes la habitamos, lo hace. Más allá que muchos de quienes tiene a su cargo ciertas determinaciones, así no lo entienden. El hecho que, como un gran ejemplo, en un país ultra conservador y de doctrina ultra religiosa como es España en los últimos días haya logrado un importante avance en la materia, es un indicio que estamos encaminados hacia esa evolución. Claro está que alguno podría creer que se trata de una involución. Cuestión de posturas. 
     Pero en el caso en cuestión. Una niña que se ve obligada a afrontar un embarazo no buscado, fruto de una violación; va mucho más allá de la discusión sobre el aborto como legal o no. Se centra en la realidad que deberá afrontar la niña en su vida, situación que pone en peligro su integridad psicológica, su futuro incluso escolar, la situación en el seno familiar. Agrava el hecho, el dato que indica que el autor sería un funcionario público policial; que enerva un poco más los nervios de los receptores de la noticia. 

La ilegalidad lleva a la clandestinidad 

     No quedan dudas que toda actividad ilegal lleva siempre a la ilegalidad. Es el camino casi más lógico. Cuando el Estado prohíbe algo es porque sin dudas hay gente que lo hace. Y al no poder realizarse de modo legal, se recurre a métodos no ortodoxos que muchas veces llega a poner en riesgo la vida misma de quienes recurren a ellos. Con el aborto sucede eso. Se realizan en la clandestinidad, con procedimientos riesgosos y a elevados costos; aunque a falta de dinero, se incrementa gravemente el riesgo. El segundo camino a recorrer para evitar llegar a eso, es solidificar la educación sexual responsable (La educación es todo para una sociedad justa); la existencia de medios de precaución seguros y accesibles a todos. Estar a favor de la vida, no significa estar en el extremo conservador dictatorial. Significa creer en herramientas como la educación y la prevención.